Aclarando que en la actualidad existen deficiencias en la regulación vigente en la tarificación del servicio de distribución de gas, establecida en la Ley de Servicios de Gas, DFL Nº323 que data desde 1931, la que sólo pueden ser superadas a través de una modificación legal, la diputada Carolina Goic solicitó vía ejecutivo una solución en esta materia, ya que vía reglamentaria no es posible efectuarla.
La parlamentaria explicó que a diferencia de lo que sucede en el resto del país donde existe libertad tarifaria, la ley establece para la región de Magallanes, que las tarifas deben ser reguladas, a través de un procedimiento que rige desde el año 1989, pero que contiene un vacío legal, puesto que en aquel entonces, se delegó por un tiempo determinado la facultad al Ejecutivo de establecer mediante vía decreto fuerza de ley, un procedimiento tarifario para la distribución del gas.
“Lamentablemente aquel procedimiento que sería aplicable tanto a la zona de Magallanes como al resto del país, en la cual el Tribunal de Libre Competencia debía determinar la necesidad de contar con tarifas reguladas, nunca se aplicó, expirando sin que se hubiese dictado algún Decreto con Fuerza de Ley, y lo que tenemos hoy es una Ley inoperante en la fijación de tarifas”, enfatizó Goic
Más adelante explica que desde 1990 se han realizado cuatro “fijaciones tarifarias” a Gasco-Magallanes, ello a través de la disposición de la empresa regulada a someterse a un procedimiento ad-hoc, con criterios de tarificación que han ido cambiando en el tiempo. Por otro lado agregó que tampoco existe en la ley la entrega de facultades a una institución determinada que pueda efectuar los análisis técnicos para la tarificación de la distribución de gas, rol que ha sido asumido de facto por la Comisión Nacional de Energía (CNE).
“Como vemos existe una ley que tiene enormes vacíos y deficiencias, como es la inexistencia de un procedimiento para la fijación tarifaria de las empresas distribuidoras, la que actualmente y cada cinco años es revisada por la Comisión Nacional de Energía, pero sobre la base de un informe que entregan las propias empresas, definiendo el tarifado para los próximos 5 años, salvo situaciones excepcionales que ameriten revisar las tarifas antes de dicho periodo, pero siempre con los informes que entregan las empresa privadas, lo que no puede seguir ocurriendo”, apuntó la parlamentaria.
Ante tal panorama Carolina Goic informó que su propuesta presentada ante el Ejecutivo considera varios aspectos técnicos tendientes a dar solución legal a un problema que se arrastra desde 1989, como es una norma legal sobre la tarificación del precio del gas para los hogares magallánicos.
A renglón seguido, manifestó que tras analizar la situación que está ocurriendo con los subsidios de gas en la región de Magallanes, solicitó al Ministro del Interior, un aumento de recursos para cubrir las necesidades de cientos de familias que hoy no cuentan con el apoyo del Estado, especialmente adultos mayores que han perdido el beneficio o no han podido acceder a él, motivo por el cual le manifestó a la autoridad nacional procurar mayores fondos para ello.
La parlamentaria explicó que a diferencia de lo que sucede en el resto del país donde existe libertad tarifaria, la ley establece para la región de Magallanes, que las tarifas deben ser reguladas, a través de un procedimiento que rige desde el año 1989, pero que contiene un vacío legal, puesto que en aquel entonces, se delegó por un tiempo determinado la facultad al Ejecutivo de establecer mediante vía decreto fuerza de ley, un procedimiento tarifario para la distribución del gas.
“Lamentablemente aquel procedimiento que sería aplicable tanto a la zona de Magallanes como al resto del país, en la cual el Tribunal de Libre Competencia debía determinar la necesidad de contar con tarifas reguladas, nunca se aplicó, expirando sin que se hubiese dictado algún Decreto con Fuerza de Ley, y lo que tenemos hoy es una Ley inoperante en la fijación de tarifas”, enfatizó Goic
Más adelante explica que desde 1990 se han realizado cuatro “fijaciones tarifarias” a Gasco-Magallanes, ello a través de la disposición de la empresa regulada a someterse a un procedimiento ad-hoc, con criterios de tarificación que han ido cambiando en el tiempo. Por otro lado agregó que tampoco existe en la ley la entrega de facultades a una institución determinada que pueda efectuar los análisis técnicos para la tarificación de la distribución de gas, rol que ha sido asumido de facto por la Comisión Nacional de Energía (CNE).
“Como vemos existe una ley que tiene enormes vacíos y deficiencias, como es la inexistencia de un procedimiento para la fijación tarifaria de las empresas distribuidoras, la que actualmente y cada cinco años es revisada por la Comisión Nacional de Energía, pero sobre la base de un informe que entregan las propias empresas, definiendo el tarifado para los próximos 5 años, salvo situaciones excepcionales que ameriten revisar las tarifas antes de dicho periodo, pero siempre con los informes que entregan las empresa privadas, lo que no puede seguir ocurriendo”, apuntó la parlamentaria.
Ante tal panorama Carolina Goic informó que su propuesta presentada ante el Ejecutivo considera varios aspectos técnicos tendientes a dar solución legal a un problema que se arrastra desde 1989, como es una norma legal sobre la tarificación del precio del gas para los hogares magallánicos.
A renglón seguido, manifestó que tras analizar la situación que está ocurriendo con los subsidios de gas en la región de Magallanes, solicitó al Ministro del Interior, un aumento de recursos para cubrir las necesidades de cientos de familias que hoy no cuentan con el apoyo del Estado, especialmente adultos mayores que han perdido el beneficio o no han podido acceder a él, motivo por el cual le manifestó a la autoridad nacional procurar mayores fondos para ello.
En la fotografía, la diputada Goic junto al Ministro de Minería, Santiago González.
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