El beneficio, inédito en el sector público, se otorgará este año mediante una bonificación, expresada en unidades de fomento, que se pagará si los usuarios aprueban la calidad de la atención recibida. El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Sala de la Cámara (60 votos) y despachado al Senado a cumplir su segundo trámite constitucional.
La iniciativa legal del Gobierno ingresó el 01 de abril a la Cámara de Diputados y la Comisión de Hacienda la estudió y remitió a la Sala, que lo aprobó tras un debate en que hubo consenso en que constituye una herramienta para mejorar la gestión del aparato público.
La iniciativa legal del Gobierno ingresó el 01 de abril a la Cámara de Diputados y la Comisión de Hacienda la estudió y remitió a la Sala, que lo aprobó tras un debate en que hubo consenso en que constituye una herramienta para mejorar la gestión del aparato público.
Según lo informado por la Diputada Carolina Goic, el proyecto de ley considera, además, la entrega al personal del Registro Civil, de planta y a contrata, de un bono no imponible de entre 100 mil y 150 mil pesos por término de conflicto, y otorga facultades al Gobierno para adecuar la planta directiva a las nuevas exigencias de los usuarios.
El texto condiciona, por primera vez, la entrega de un beneficio económico al personal de un servicio público a los resultados de una medición de la calidad del servicio que entrega a los usuarios. Serán estos últimos, por tanto, los que mediante encuestas y respuestas en ventanilla y en la página web, determinarán el rango del beneficio al que podrán acceder los empleados.
La percepción será evaluada anualmente por una entidad externa, contratada mediante licitación pública y que deberá sujetarse en el proceso de evaluación a las reglas y condiciones establecidas en la ley para garantizar el carácter aleatorio y representativo de la muestra la que, en todo caso, deberá considerar tanto a los usuarios individuales como institucionales, así como los servicios presenciales y aquellos prestados a través de la plataforma electrónica.
Goic expresó que en la actualidad los ciudadanos que acceden a las reparticiones públicas requieren y exigen servicios de calidad. “Por tanto, los organismos públicos deben alinearse y enfocarse al desafío continuo de garantizar una atención de calidad a sus usuarios.
Ello conlleva responder con prontitud, disminuir los tiempos de espera, desarrollar plataformas tecnológicas para una atención más expedita y tener una cultura institucional centrada en la calidad del servicio que se provee a la ciudadanía, los cuales son elementos claves que caracterizan a esta nueva etapa de la modernización del Estado”.
Finalmente, la parlamentaria destacó el trabajo realizado por los dirigentes de los funcionarios del Registro Civil a nivel nacional y en particular el trabajo responsable y serio realizado por la presidenta del gremio en Magallanes, Hilda Soto Reyes. Este avance, añadió Goic, es el fruto de una lucha de muchos años que esperamos muy pronto se convierta en Ley de la República.
No hay comentarios:
Publicar un comentario